Pakistán

Gloria Álvarez Desanti y Glorianna Rodríguez

Mientras el mundo árabe lucha por alcanzar estados más democrático, en Pakistán la ley de blasfemia cobra más vidas de la minorías religiosas, y lleva al país a una cultura del miedo y la represión. Esto ha llevado a los grupos defensores de los derechos humanos a hacer las denuncias del caso.

La ley de blasfemia tiene su origen en el Código Penal de la India durante el dominio colonial británico, su objetivo fue proteger los lugares de culto de todas las religiones. En los años 80, la ley es modificada durante la dictadura del general Zia ul Haq y se pasa a castigar cualquier comentario despectivo contra el Profeta Mahoma con la pena de muerte. Los cristianos, sikh, hindú parsis y la minoría Ahdmadi han sido víctimas de declaraciones falsas a la luz de esta ley. Muchas veces lo que existen son conflictos por negocios o problemas entre la comunidades.

En noviembre de 2010, fue condenada a muerte la primer mujer por blasfemia, Asia Bibi. Human Rights Watch dice que la persecución social y la discriminación legal se han extendido en la provincia de Punjab contra las minorías religiosas. Se tiene un récord de 38 ejecuciones más que han sido documentadas, entre ellas el Gobernador de Punjab Salman Taseer y el Ministro Federal de Asuntos de las Minorías, Shahbaz Bhatti.

La intolerancia crece día a día en la sociedad pakistaní, y la incapacidad de combatirla elimina la libertad de expresión. En su última entrevista a la BBC, el Ministro Bhatti dijo "voy a ser asesinado, voy a ser decapitado por las fuerzas del extremismo por estar contra la ley de blasfemia". Bhatti luchó por modificar la ley que sirve para un ajuste de cuentas en nombre de la religión.

El Partido Popular de Pakistán y la oposición Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz luchan por su propia supervivencia política y no están dispuestos a enfrentarse a los grupos defensores de la ley sobre la blasfemia. Estos grupos operan con impunidad. No temen a nadie. En ausencia de un Estado fuerte y un sistema jurídico eficaz, no ven razones para coexistir con los grupos que tienen diferentes puntos de vista religiosos y políticos.

Locke señala que en una sociedad civil debe existir un equilibrio entre los derechos naturales y el orden público. En este contexto, la voluntad estatal no es absoluta, sino que se deben respetar esos derechos innatos. Locke argumenta que la formación de un Estado se resume en el hecho que la mayoría de los seres humanos prefieren evitar los conflictos. Es por ello, que con tal vivir en una sociedad estable y pacífica, están dispuestos a limitar algunos de sus derechos y aceptar la supremacía y las medidas coercitivas del gobierno.

Se desarrolla así una especie de “contrato social.” Esta figura filosófica no se limita a un hecho histórico ni a un acontecimiento político. Más bien, el “contrato social” se refiere al fenómeno donde el Estado trata desempeñar un papel activo en la sociedad con tal de mantener la paz y el bienestar común.

En otras palabras, el Estado no solo debe utilizar sus potestades punitivas contra quienes violentan la ley, sino que debe ejecutar y reformar y establecer las medidas necesarias en cada contexto para mantener el bienestar común. Ninguna sociedad es estática. Son cambiantes. Es por ello, que la función estatal de velar por el bien común no responde a una ecuación aritmética. No puede ser predeterminada. A contrario sensu, debe responder a la realidad social y lidiar con ese dinamismo complejo.

Desde la óptica filosófica, el Estado en Pakistán ha fracasado con su objetivo primordial, en su razón de ser. Ha permitido que los extremistas pasen de ser participantes en el discurso nacional a ser la voz principal. En este momento son quienes dirigen el discurso.

En conclusión, la función estatal no debe permitir que se fomente el odio racial o religioso, especialmente que no se incite a cometer actos de violencia. En Pakistán, ante las omisiones gubernamentales, el mensaje extremista ha tomado una posición de protagonismo social. Es una voz que tiene sangre en sus manos. Pero lo grave es que esto no ha provocado una reacción política. Tanto el gobierno como la oposición prefieren mantener su silencio. Esencialmente no quieren perder puntos políticos. Se violan así los derechos de las minorías religiosas y el Estado dejó de ser garante del contrato social.

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