Ennio Rodríguez.
Economista
Nuestra Costa Rica, esa que promete pero no alcanza, esa que
consigue por momentos deslumbrar pero pierde continuidad, esa que, a pesar de
sus logros genera insatisfacción, se encuentra en una gran disyuntiva: o
plantea un conjunto de reformas sustanciales que signifiquen un salto
cualitativo al desarrollo, o verá seriamente amenazados sus logros en materias
tan relevantes como la distribución del ingreso y la salud, además del colapso
creciente de las infraestructuras de transporte, para citar solo algunas. Las
dificultades son tan profundas y las limitaciones tan serias que requerimos una
refundación de los cimientos de nuestro sistema de convivencia nacional.
Recomposición de la democracia. Uno de los pilares de la democracia es la
división de poderes, indispensable para establecer los pesos y contrapesos
requeridos en una democracia representativa. Al haberse perdido esta división
de poderes se trastocó el sistema político y parece haberse caído en un inmovilismo
reglamentista que adquiere ribetes de anomia política. Por ejemplo, existen
tribunales en el Poder Ejecutivo tales como Setena y el Tribunal Administrativo
de Transportes; la Sala Constitucional invade competencias legislativas, cual
Senado no electo, y también ejecutivas; la Contraloría General de la República,
perteneciente a la Asamblea Legislativa, en ocasiones se erige en tribunal y
juzga y sanciona, al igual que el Tribunal Supremo de Elecciones.
El más menoscabado de todos, el supuesto primer poder de la
República, es incapaz de acometer reformas importantes pues su reglamento
arcaico, complementado con los fallos correspondientes de la Sala
Constitucional, le atribuyen, de hecho, poder de veto a cualquier diputado. Por
lo tanto, es necesario replantear jurisdicciones a los poderes y
simultáneamente oxigenar un sistema judicial para dar pie a principios
doctrinales (más allá de los derechos humanos) y a la jurisprudencia, la
costumbre y al sentido común para que estos jueguen un papel central y no limitarse
a ser meras fuentes supletorias de derecho. El sistema no puede estar dominado
por un positivismo extremo (las dictaduras siempre cuidaron la legalidad, hasta
el Talibán y el nazismo), y por lo tanto, anquilosado, cuando la capacidad de
adaptación y reforma son demandadas por el cambio tecnológico, económico,
social y político del mundo contemporáneo.
Los romanos, padres de nuestro sistema legal, en su tiempo,
supieron combinar y enriquecerse mediante la introducción de principios de
equidad, la jurisprudencia y la flexibilidad. Para fortalecer la democracia en
un mundo de mayor rendición de cuentas y multipartidismo, es hora de plantearse
un sistema parlamentario.
Las bases del crecimiento. Nuestro crecimiento, razonable para los estándares latinoamericanos,
es insuficiente para dar un salto que nos acerque al mundo desarrollado. Deben
recomponerse sus bases. El sector productivo está dividido en tres sectores que
viven mundos distintos: i. el moderno (compuesto por las empresas de zonas
francas y turísticas, con privilegios impositivos y de simplificación de
trámites); ii. el informal (simplifica los trámites de hecho al actuar al
margen de la ley, con lo cual también adquiere ventajas competitivas); y iii.
el nacional (principalmente pymes, el mayor empleador del país, sobre el que
recae una carga desproporcionada de los impuestos y sujeto cada vez a más
controles y trámites).
El sector informal no debiera existir, por lo cual deben
establecerse las condiciones y penalidades para que transite hacia el formal;
al sector nacional debieran dársele condiciones de competitividad idóneas, con
una mayor inversión en ciencia y tecnología, y distribuirse mejor las cargas
impositivas entre todos los sectores productivos. El país debe hacer un plan de
inversión de infraestructura de mediano plazo y, en ese marco, en adición a las
necesidades de políticas sociales, plantear una reforma fiscal integral.
Redistribución del ingreso. Mayor equidad distributiva es un clamor sordo que ha estallado
bajo distintas consignas como el ‘combo’ y el TLC. Debe atenderse no solo por
razones éticas y de conveniencia política, sino para atender el mayor desafío
actual: la inseguridad. La prevención social es la forma menos costosa de
atacar la violencia y la criminalidad. En este campo, el sistema de salud y
seguridad social amenazan con convertirse en bombas de tiempo, y la inversión
en educación es insuficiente. Esto se vincula directamente con el patrón de
crecimiento y la reforma fiscal, pero también con la reforma del Estado para
lograr mayor eficacia, particularmente en la gestión de las políticas sociales.
Cuestión de método. Una refundación nacional no se logra por los métodos
tradicionales. Tampoco lo puede lograr un solo partido. Es hora de plantear un
Gobierno de unidad nacional cuyo propósito sea plantear las bases para la
Tercera República. nacion
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