Ante la disyuntiva nacional

Ennio Rodríguez. Economista

Nuestra Costa Rica, esa que promete pero no alcanza, esa que consigue por momentos deslumbrar pero pierde continuidad, esa que, a pesar de sus logros genera insatisfacción, se encuentra en una gran disyuntiva: o plantea un conjunto de reformas sustanciales que signifiquen un salto cualitativo al desarrollo, o verá seriamente amenazados sus logros en materias tan relevantes como la distribución del ingreso y la salud, además del colapso creciente de las infraestructuras de transporte, para citar solo algunas. Las dificultades son tan profundas y las limitaciones tan serias que requerimos una refundación de los cimientos de nuestro sistema de convivencia nacional.

Recomposición de la democracia. Uno de los pilares de la democracia es la división de poderes, indispensable para establecer los pesos y contrapesos requeridos en una democracia representativa. Al haberse perdido esta división de poderes se trastocó el sistema político y parece haberse caído en un inmovilismo reglamentista que adquiere ribetes de anomia política. Por ejemplo, existen tribunales en el Poder Ejecutivo tales como Setena y el Tribunal Administrativo de Transportes; la Sala Constitucional invade competencias legislativas, cual Senado no electo, y también ejecutivas; la Contraloría General de la República, perteneciente a la Asamblea Legislativa, en ocasiones se erige en tribunal y juzga y sanciona, al igual que el Tribunal Supremo de Elecciones.

El más menoscabado de todos, el supuesto primer poder de la República, es incapaz de acometer reformas importantes pues su reglamento arcaico, complementado con los fallos correspondientes de la Sala Constitucional, le atribuyen, de hecho, poder de veto a cualquier diputado. Por lo tanto, es necesario replantear jurisdicciones a los poderes y simultáneamente oxigenar un sistema judicial para dar pie a principios doctrinales (más allá de los derechos humanos) y a la jurisprudencia, la costumbre y al sentido común para que estos jueguen un papel central y no limitarse a ser meras fuentes supletorias de derecho. El sistema no puede estar dominado por un positivismo extremo (las dictaduras siempre cuidaron la legalidad, hasta el Talibán y el nazismo), y por lo tanto, anquilosado, cuando la capacidad de adaptación y reforma son demandadas por el cambio tecnológico, económico, social y político del mundo contemporáneo.

Los romanos, padres de nuestro sistema legal, en su tiempo, supieron combinar y enriquecerse mediante la introducción de principios de equidad, la jurisprudencia y la flexibilidad. Para fortalecer la democracia en un mundo de mayor rendición de cuentas y multipartidismo, es hora de plantearse un sistema parlamentario.

Las bases del crecimiento. Nuestro crecimiento, razonable para los estándares latinoamericanos, es insuficiente para dar un salto que nos acerque al mundo desarrollado. Deben recomponerse sus bases. El sector productivo está dividido en tres sectores que viven mundos distintos: i. el moderno (compuesto por las empresas de zonas francas y turísticas, con privilegios impositivos y de simplificación de trámites); ii. el informal (simplifica los trámites de hecho al actuar al margen de la ley, con lo cual también adquiere ventajas competitivas); y iii. el nacional (principalmente pymes, el mayor empleador del país, sobre el que recae una carga desproporcionada de los impuestos y sujeto cada vez a más controles y trámites).

El sector informal no debiera existir, por lo cual deben establecerse las condiciones y penalidades para que transite hacia el formal; al sector nacional debieran dársele condiciones de competitividad idóneas, con una mayor inversión en ciencia y tecnología, y distribuirse mejor las cargas impositivas entre todos los sectores productivos. El país debe hacer un plan de inversión de infraestructura de mediano plazo y, en ese marco, en adición a las necesidades de políticas sociales, plantear una reforma fiscal integral.

Redistribución del ingreso. Mayor equidad distributiva es un clamor sordo que ha estallado bajo distintas consignas como el ‘combo’ y el TLC. Debe atenderse no solo por razones éticas y de conveniencia política, sino para atender el mayor desafío actual: la inseguridad. La prevención social es la forma menos costosa de atacar la violencia y la criminalidad. En este campo, el sistema de salud y seguridad social amenazan con convertirse en bombas de tiempo, y la inversión en educación es insuficiente. Esto se vincula directamente con el patrón de crecimiento y la reforma fiscal, pero también con la reforma del Estado para lograr mayor eficacia, particularmente en la gestión de las políticas sociales.

Cuestión de método. Una refundación nacional no se logra por los métodos tradicionales. Tampoco lo puede lograr un solo partido. Es hora de plantear un Gobierno de unidad nacional cuyo propósito sea plantear las bases para la Tercera República. nacion