domingo, 12 de febrero de 2012

Irresponsabilidad nacional

Gloria Álvarez Desanti, PhD.

La gravedad de la situación fiscal de nuestro país y sus consecuencias parece que no es comprendida por la mayoría de los ciudadanos. Los ingresos fiscales no alcanzan. Nos estamos endeudando para pagar salarios. No se puede pasar la vida pidiendo prestado para pagarlos gastos corrientes. Esto tiene consecuencias negativas, altas tasas de interés, entre otras.

¿Cómo han resuelto otros países su problema?

En España el déficit será de 8%, el gobierno de Rajoy congeló el salario mínimo y se aumentó la jornada laboral de 35 horas a 37.5 semanales a pesar de las peticiones de los sindicatos; se cierran las vacantes de los que se jubilan; se redujo la ayuda externa española; se dio la segunda mayor subida de los impuestos en la historia con el IVA pasando a 20%; y se recortó el gasto público en 8.900 millones de euros. Se realizó una reforma laboral para permitir un contrato indefinido con 20 días de indemnización en caso de despido; se permite a los empresarios modificar el salario, horario y funciones de los trabajadores sin previo acuerdo entre las partes. La reforma laboral trae una pérdida de los derechos del trabajador y abarata el despido.

En Italia, entre las principales medidas están el aumento de la edad mínima de jubilación y el incremento de los años cotizados. El cálculo de las pensiones se hará teniendo en cuenta toda la vida laboral. Se congelan las pensiones superiores a 960 euros mensuales y desaparecen las pensiones vitalicias para los diputados. Se crea un impuesto especial sobre bienes de lujo. A los mercados financieros se les introduce un impuesto en cada transacción realizada. Si este plan no empezara a dar resultados en el primer semestre de 2012, se subiría el IVA al 23%. Los despidos aumentan día a día, se disminuye la jornada laboral, y se realizan recortes en seguridad y educación.

En Grecia se han realizado recortes de pensiones, se rebajará entre el 20 y el 25% del salario mínimo y se despedirán 15.000 funcionarios; serán abolidos los convenios colectivos, se privatizarán las empresas públicas y un IVA de 23%.

En Estados Unidos el presidente Obama congeló los salarios federales por dos años para combatir el déficit fiscal.

Y en Costa Rica, ¿qué estamos haciendo? Se envió el plan fiscal para ser discutido en el periodo de sesiones extraordinarias el 1 de diciembre de 2010 a la Asamblea Legislativa. En diciembre de 2011 la Sala VI acogió un recurso de amparo presentado por el diputado Fishman. La Sala analizará la acción de inconstitucionalidad contra el trámite del proyecto. Para emitir el fallo se tomará entre 12 y 18 meses, mientras tanto se impedirá la realización del segundo debate. Además, creemos que es importante advertir a los ciudadanos del abuso que del reglamento hacen los diputados para atrasar la discusión del proyecto, y el alto costo que esto representa para los contribuyentes. Teletica informa que por día este es de 18 millones de colones. Otro medio comunica que en la Sesión Plenaria del 8 de febrero 2012, el Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Juan Carlos Mendoza, otorgó 10 permisos formales antes del inicio de la sesión y 
5 permisos informales en el transcurso de la sesión a los señores diputados para que se ausentaran. Radio Reloj reporta que en las dos últimas semanas se solicitaron 49 recesos y hubo 100 rompimientos de quórum.

Mientras se usan todas las artimañas posibles para impedir la aprobación del plan fiscal, nos enteramos por la prensa que el Poder Judicial elevó el tope de sus pensiones a seis millones y la cesantía a 12 meses. Por otro lado , el salario de los diputados aumenta automáticamente dos veces al año en un 5% cada vez, y los empleados públicos organizan protestas porque su aumento salarial será de tan solo de 5.000 colones.

¿Serán tan poderosos los intereses individuales y gremiales que lleven a Costa Rica al despeñadero hasta llegar a una situación similar a Grecia, Italia o España: con despidos masivos del sector público, reducción del salario base y pensiones, y recortes en seguridad, educación y salud? La última palabra en esta atropellada democracia la tiene la Sala IV, la cual parece no tomar en cuenta el costo económico para todos los costarricenses que tiene el tiempo que demoran sus deliberaciones y las consecuencias financieras de sus fallos.