El derecho a tener una
vivienda digna está contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos. En
Costa Rica, la Ley 7052 crea el 13 de noviembre de 1986 el Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda cuyo ente rector es el Banco Hipotecario de la Vivienda
(Banhvi). Este ha respondido a las necesidades de los ciudadanos, gracias a
ello hoy día nuestro país cuenta con el menor déficit de vivienda de
Latinoamérica. El Banhvi ha otorgado al 31 marzo del 2014, un total de 314.671
bonos familiares (más de la cuarta parte de los núcleos familiares).
El bono es una donación
a los núcleos familiares de escasos recursos. Actualmente el subsidio máximo es
de 6.250.000 millones de colones. La ley establece siete requisitos para que
una familia sea considerada como beneficiaria. Debe señalarse además, que
existen diferentes tipos de bonos para atender necesidades especiales, entre
ellos el bono para adultos mayores, para personas con discapacidad, viviendas
en territorios indígenas, bono para segunda planta, bonos llave en mano, subsidios
para clase media y bono comunal.
El Sistema Financiero
de la Vivienda, tiene un objetivo muy claro: responder a las necesidades
habitacionales de la población de escasos recursos con la transparencia y de
acuerdo con las prioridades definidas por las políticas estatales. De acuerdo
con la Ley está prevista la participación de diversos actores en el proceso,
los cuales tienen muy bien definidas sus funciones. Estos son:
1. Los
grupos de vivienda quienes organizan a las familias en las comunidades con el
objetivo de tener un proyecto de vivienda para sus asociados. Estas son asociaciones
privadas en las que el Estado no interviene en su formación. Es un acto
voluntario del asociado pertenecer a ella, sin embargo, deben estar inscritas
en el Registro Público, y tener una Junta Directiva.
2. Los
constructores hacen la inversión de capital, y corren con todos los riesgos del
proyecto hasta tanto este no sea aprobado por la Junta Directiva del Banhvi. En
algunos casos, debe mediar un proceso licitatorio.
3. Las entidades autorizadas del Sistema
Financiero de la Vivienda que son los entes públicos (INVU) o privados
(Fundación Costa Rica-Canadá), cooperativas (CoopeAlianza, Coopenae, entre
otras) y mutuales (Grupo Mutual
Alajuela, Mutual Cartago) y bancos comerciales que revisan y aprueban en primer
instancia los proyectos habitacionales y que los posibles beneficiarios cumplan
con los requisitos estipulados por la ley.
4. El
Banhvi como ente rector del Sistema Financiero para la Vivienda es ante quien las
entidades autorizadas someten los proyectos y casos individuales para su
aprobación final y financiamiento.
5.
El Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH) define las políticas de vivienda a nivel nacional.
El Sistema fue creado
para que su ejecución respondiera a la transparencia y rendición de cuentas que
se exige en la administración pública. Sin embargo, ha enfrentado varios
traspiés. Cabe destacar en primer lugar,
los llamados "zopilotes de la vivienda". Estos son terceros que se
presentan ante la gente humilde y les cobran cuotas mensuales para ayudarlos a
tramitar el bono de vivienda o por participar en una asociación de vivienda. El
bono es gratuito, es una donación estatal.
En segundo lugar, amerita destacarse la
satanización de la participación de los empresarios. Cosa muy de moda en
nuestro país, donde toda inversión es juzgada como corrupta. Los grupos de
vivienda, no tienen la capacidad empresarial, ni el Estado cuenta con los
fondos o mecanismos para el desarrollo de dicha infraestructura.
Tercero, el exceso de trámites ahoga financieramente a
los posibles beneficiarios y pequeños empresarios de la vivienda de interés
social, pues frecuentemente los mandos medios retrasan la aprobación y ejecución
de los proyectos.
El tema de vivienda es
complejo y se solucionará si el gobierno así lo quiere, con una prioridad y planificación
apropiadas. Podría ser importante una flexibilización normativa en los
asentamientos consolidados, los cuales solo excepcionalmente pueden cumplir con
la normativa urbanística pensada para desarrollos "en verde".
Quiero concluir
comentando que me llenó de gran satisfacción la respuesta que ha tenido
recientemente el Foro Nacional de Vivienda. Este foro demandó de los precandidatos
presidenciales respuestas a sus necesidades y definiciones claras de las
políticas de vivienda. Ante la falta de definición del gobierno entrante, el 22
de abril decidieron tomar las calles de Costa Rica en 25 localidades distintas.
La movilización fue un éxito, están demostrando que "con Costa Rica no se
juega" y que el gobierno tendrá que tomar en cuenta la participación
ciudadana en los temas de vivienda.
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