Delincuencia trasnacional

Glorianna Rodríguez

Históricamente, los derechos humanos tutelan valores universales y profundos, sin embargo, su legalización fue la reacción a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Esos abusos revelaron la necesidad de proteger a los seres humanos por encima de la voluntad estatal. Los grandes crímenes de la guerra fueron impulsados y cometidos por diversos gobiernos europeos. Los campos de concentración y las masacres fueron realizados al tenor literal del derecho positivo. Eso reveló que la soberanía nunca podía ser absoluta, sino que debería ser frenada por valores supraestatales.

Sin embargo, hoy día, salvo algunos casos concretos (Corea del Norte, Siria, Irán), algunas de las peores amenazas no provienen de los estados sino de parte de actores no estatales, tales como el crimen organizado, las pandillas y el terrorismo. Es por ello que el discurso moderno de los derechos humanos debe tomar en cuenta las amenazas actuales a la libertad, la igualdad y la seguridad. El punto de partida de esta doctrina es siempre la dignidad. En el pasado eso implicó la participación política, la calidad de vida y la autodeterminación cultural. Se deben reinterpretar estos conceptos para incluir, además, esta nueva dimensión. Efectivamente, la esencia propia del contrato social es la convivencia pacífica de los seres humanos. La proliferación de la delincuencia trasnacional trae consigo la impunidad y la violencia, lo cual mina por completo esos supuestos.

A raíz de estos nuevo fenómenos, Naciones Unidas ha tomado diversos acuerdos. En 2000 se promulgó a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la reconoce que “Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley”. Para complementar ese tratado, se promulgaron el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Cabe mencionar que estos tratados internacionales responden a los grandes ejes de los delitos internacionales. El crimen organizado representa una de las mayores amenazas. En el 2005 la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas calculó que este genera alrededor $322 miles de millones por año. Además, por su propia naturaleza, el crimen organizado amenaza al estado de derecho debido a que trata de penetrar y corromper el sistema político y judicial. Por otra parte, la trata de personas representa otra grave amenaza, debido a la severidad de los abusos que sufren las víctimas. Según la Organización Internacional de Trabajo, este delito genera $32 miles de millones anualmente y se calcula que 14,5 millones de personas son víctimas de explotación laboral, 4,5 personas son víctimas de explotación sexual y 2,2 millones son esclavizadas. Mientras que el tráfico ilícito de armas de fuego, según los cálculos reportados por el Council on Foreign Relations es un negocio cuyo valor se estima en mil millones de dólares anuales.

Sin embargo, Naciones Unidas no debe ser el único que promueve el bienestar común ante los abusos de los delitos trasnacionales. Estos obligan a una una mayor coordinación dentro de los propios países, pero también en los planos regional e internacional. Desde esta óptica, algunos avances que se han hecho en el contexto regional son positivos. Estos incluyen, por ejemplo, el Acuerdo Anti-trafico firmado entre Vietnam y Tailandia para luchar contra la trata de personas.

Lamentablemente, los delitos transnacionales hoy día están redefiniendo la realidad geopolítica. Para poder enfrentarlos se tendrá que dar un verdadero esfuerzo de colaboración y coordinación multinacional, pero este se debe emprender desde la óptica de los derechos humanos. Lejos de hacerlos irrelevantes, el contexto actual los hace más necesarios. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos, la traducción de esas aspiraciones nobles a sus versiones jurídicas, solamente ocurrió después de periodos oscuros y sangrientos. En cada contexto deben ser como una especie de brújula para guiar paulatinamente desde el oscurantismo de la violencia hacia un nuevo contrato social basado en la dignidad, el bienestar colectivo y la paz. Hoy nuevamente, ante estos nuevos desafíos a la convivencia que plantean los delitos trasnacionales, la respuesta colectiva debe centrarse en esas aspiraciones superiores de la humanidad.