Hoy día se puede afirmar que los países de Suramérica finalmente están cerrando algunos de los capítulos de su historia caracterizados por la violencia y la oscuridad. Cabe señalar que en Argentina un tribunal dictó sentencia sobre dieciocho personas acusadas de crímenes contra la humanidad. Los acusados trabajaron en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos en los cuales se torturaron y “desparecieron” personas durante el último gobierno militar (1976-1983). Entre los sentenciados se incluyó Alfredo Astiz, conocido como “El Ángel de la Muerte”, y que recibió cadena perpetua.
Por otro lado, Uruguay acaba de revocar una ley de amnistía de 1986 por crímenes cometidos durante el gobierno militar (1973-1985). Esto es reflejo de un fenómeno regional. En Perú, el ex-presidente Alberto Fujimori fue condenado por crímenes cometidos durante los 1990; mientras que en Chile, en su momento, también se le levantó la inmunidad de Pinochet para que fuera juzgado por los crímenes cometidos durante su dictadura.
Todo demuestra que la región efectivamente ha iniciado una nueva etapa en su transición de las dictaduras a verdaderas democracias. Este sistema político no se limita a las elecciones periódicas y libres. Más bien, es un concepto profundo el cual requiere un compromiso social para establecer un estado de derecho. Un paso esencial es luchar contra la impunidad, es decir asegurarse que nadie esté por encima de la ley. Es un paso que solamente se ha tomado en Suramérica.
A contrario sensu, en Centroamérica los países más afectados por crímenes de los gobiernos militares han optado por otro camino. En El Salvador, Guatemala y Honduras los gobiernos han preferido concederles amnistías a las juntas militares.
La decisión de fiscalizar los crimines de un gobierno militar u ofrecer amnistía es polémica y compleja. Incluso en el ámbito internacional este es un punto fuertemente discutido, y cada posición tiene sus méritos. El profesor Jack Synder ha señalado que para crear las condiciones para la paz hay veces que se requiere negociar con malhechores en el corto plazo para eliminarlos como un obstáculo para la paz. Según su criterio, las amnistías permiten estabilizar zonas de conflicto, lo cual se logró, por ejemplo en Mozambique y Sudáfrica. Por el contrario, Richard Dicker afirma que las investigaciones de Human Rights Watch, han demostrado que la paz condicionada por las amnistías que conceden inmunidad por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad no es sostenible. Peor aún, se establece un precedente de impunidad de las atrocidades que alienta abusos en el futuro.
En este contexto, los ejemplos de Guatemala, El Salvador y Honduras son preocupantes. La profesora Jo Marie-Burt señala que la violencia de las guerras civiles de los 1980 ha sido reemplazada por la violencia del narcotráfico. Según su criterio esto es resultado de una cultura de impunidad provocada por las leyes de amnistía.
Centroamérica, lejos de mejorar sus situaciones políticas y sociales, se encuentra ante una coyuntura amenazadora debido a la falta de seguridad y la violencia. Según Carga Global de la Violencia Armada, publicada el 27 de Octubre de 2011 en Ginebra, El Salvador fue el país más afectado por la violencia letal entre 2004 y 2009, mientras que Honduras fue el quinto y Guatemala el sétimo en el mundo.
Por otro lado, algunas de las personas sospechosas de los abusos durante las guerras civiles siguen en posiciones de poder. Otto Pérez Molina quien se perfila como ganador de las elecciones, fue un general durante la guerra civil guatemalteca de 1960-1996. Se estima que más de 200,000 personas fueron asesinadas durante esa época. Fernando Girón representante de Myrna Mack, una organización de derechos humanos, afirma que “ninguna persona que fue militar durante esa época es inocente de los hechos”. Sin embargo, hasta el momento nadie ha logrado presentar evidencia que lo vincule directamente con las muertes. Su popularidad se debe a creciente inseguridad. Debido al narcotráfico, Guatemala se ha convertido uno de los países más peligrosos del mundo. Durante la campaña electoral, treinta y cinco activistas o candidatos para puestos públicos han sido asesinados. Por otro lado, el partido de Pérez Molina excedió el límite de dinero permitido para la campaña presidencial. Pero nunca se reveló origen del dinero.
El Salvador, Honduras y Guatemala hoy día tienen sistemas políticos mucho más democráticos. Pero a la impunidad de las guerras civiles, la desigualdad social y la pobreza, se introdujo el crimen organizado transnacional, el cual se ha articulado con las pandillas y maras El resultado ha sido un incremento de la violencia. ¿Cuándo podrán estos pueblos disfrutar de justica y paz?
Por otro lado, Uruguay acaba de revocar una ley de amnistía de 1986 por crímenes cometidos durante el gobierno militar (1973-1985). Esto es reflejo de un fenómeno regional. En Perú, el ex-presidente Alberto Fujimori fue condenado por crímenes cometidos durante los 1990; mientras que en Chile, en su momento, también se le levantó la inmunidad de Pinochet para que fuera juzgado por los crímenes cometidos durante su dictadura.
Todo demuestra que la región efectivamente ha iniciado una nueva etapa en su transición de las dictaduras a verdaderas democracias. Este sistema político no se limita a las elecciones periódicas y libres. Más bien, es un concepto profundo el cual requiere un compromiso social para establecer un estado de derecho. Un paso esencial es luchar contra la impunidad, es decir asegurarse que nadie esté por encima de la ley. Es un paso que solamente se ha tomado en Suramérica.
A contrario sensu, en Centroamérica los países más afectados por crímenes de los gobiernos militares han optado por otro camino. En El Salvador, Guatemala y Honduras los gobiernos han preferido concederles amnistías a las juntas militares.
La decisión de fiscalizar los crimines de un gobierno militar u ofrecer amnistía es polémica y compleja. Incluso en el ámbito internacional este es un punto fuertemente discutido, y cada posición tiene sus méritos. El profesor Jack Synder ha señalado que para crear las condiciones para la paz hay veces que se requiere negociar con malhechores en el corto plazo para eliminarlos como un obstáculo para la paz. Según su criterio, las amnistías permiten estabilizar zonas de conflicto, lo cual se logró, por ejemplo en Mozambique y Sudáfrica. Por el contrario, Richard Dicker afirma que las investigaciones de Human Rights Watch, han demostrado que la paz condicionada por las amnistías que conceden inmunidad por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad no es sostenible. Peor aún, se establece un precedente de impunidad de las atrocidades que alienta abusos en el futuro.
En este contexto, los ejemplos de Guatemala, El Salvador y Honduras son preocupantes. La profesora Jo Marie-Burt señala que la violencia de las guerras civiles de los 1980 ha sido reemplazada por la violencia del narcotráfico. Según su criterio esto es resultado de una cultura de impunidad provocada por las leyes de amnistía.
Centroamérica, lejos de mejorar sus situaciones políticas y sociales, se encuentra ante una coyuntura amenazadora debido a la falta de seguridad y la violencia. Según Carga Global de la Violencia Armada, publicada el 27 de Octubre de 2011 en Ginebra, El Salvador fue el país más afectado por la violencia letal entre 2004 y 2009, mientras que Honduras fue el quinto y Guatemala el sétimo en el mundo.
Por otro lado, algunas de las personas sospechosas de los abusos durante las guerras civiles siguen en posiciones de poder. Otto Pérez Molina quien se perfila como ganador de las elecciones, fue un general durante la guerra civil guatemalteca de 1960-1996. Se estima que más de 200,000 personas fueron asesinadas durante esa época. Fernando Girón representante de Myrna Mack, una organización de derechos humanos, afirma que “ninguna persona que fue militar durante esa época es inocente de los hechos”. Sin embargo, hasta el momento nadie ha logrado presentar evidencia que lo vincule directamente con las muertes. Su popularidad se debe a creciente inseguridad. Debido al narcotráfico, Guatemala se ha convertido uno de los países más peligrosos del mundo. Durante la campaña electoral, treinta y cinco activistas o candidatos para puestos públicos han sido asesinados. Por otro lado, el partido de Pérez Molina excedió el límite de dinero permitido para la campaña presidencial. Pero nunca se reveló origen del dinero.
El Salvador, Honduras y Guatemala hoy día tienen sistemas políticos mucho más democráticos. Pero a la impunidad de las guerras civiles, la desigualdad social y la pobreza, se introdujo el crimen organizado transnacional, el cual se ha articulado con las pandillas y maras El resultado ha sido un incremento de la violencia. ¿Cuándo podrán estos pueblos disfrutar de justica y paz?
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2 comentarios:
Esperanza Esperanza la justicia parace que llegará a triunfar
ISA
Excelente análisis que nos lleva a reflexionar sobre la actitud de los gobernantes de turno hacia los actores del pasado. El mal hay que arrancarlo de raíz, el bien hay que cultivarlo. La justicia debe prevalecer y como dice en alguna parte, lo que el hombre siembra eso siega, pero parece que algunos gobiernos de turno premian las atrocidades del pasado ¿Será que son más de lo mismo?
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